Aunque casi siempre el común de los colombianos solemos confundir los términos, existe una gran diferencia entre LEY y JUSTICIA. La ley, en lenguaje coloquial, se crea para que invisiblemente, como el Espíritu Santo, esté en todas partes regulando conductas y comportamientos de las personas. La justicia… bueno, la justicia surge de la aplicación de la ley. Si la ley es invisible, la justicia debe ser ciega. Sin embargo, en la Colombia actual y en la de todos los tiempos, se ha impuesto que los ciegos sean los administradores de justicia. Es que no pasa día sin que los medios de comunicación den cuenta del hecho –ya no extraordinario- de un delincuente que es capturado en flagrancia por la comisión de cualquier delito y a los pocos minutos es puesto en libertad gracias a la acuciosidad de un abogado defensor que encuentra la manera de recordarle al juez de conocimiento que existen los tecnicismos y otras arandelas de las que se puede echar mano para no complicarse la vida. La vida jurídica del caso, claro está. Los que todavía perdemos el tiempo con los noticieros radio y televisión fingimos asombro ante esas situaciones. Sin embargo, la impunidad ya no asombra a nadie en este país del Sagrado Corazón.
La percepción general es que la justicia no sirve. Claro que sirve. Qué tal que no. Lo que sucede es que la justicia tiene soporte en la ley y dinámica en sus administradores. Entonces, lo que debiéramos decir es que la ley, en ciertas circunstancias históricas, no sirve; es decir, no tiene la aplicabilidad que el legislador vislumbraba y el pueblo esperaba. Por supuesto, también debiéramos decir que, en ciertas circunstancias no tan históricas, son los administradores los que de cuando en cuando hacen interpretaciones erradas, cayendo en ese abismo tenebroso de las injusticias. No hay que olvidar que los jueces son seres terrenales (así algunos crean tener origen divino) y que sus decisiones jurídicas tienen una enorme carga de subjetividad, así la teoría recomiende otra cosa. Sin embargo, no es esta la fuente primigenia de la impunidad en nuestro país.
Sin pretender sentar doctrina (que la jurisprudencia está sentada desde hace muchísimo tiempo), se podría decir que la impunidad en Colombia nace de una actitud que terminó siendo elemento cultural: el “yo no soy sapo”, frase con la que se grafica a la persona no delata a otra, así se le venga el mundo encima. Desde el hogar, pasando por la escuela y los diversos estamentos de formación académica, el entorno nos ha enseñado que no debemos ser “sapos”, que nada de lo que veamos nos interesa así sea de la mayor gravedad. Si el asunto no me afecta directamente ¿para qué abrir la boca? Y es que de todo esto surge otra premisa que sirve de puntal a la anterior: “En boca cerrada no entran moscos”.
Trasladándonos al ámbito del delito, el “yo no soy sapo” hace siglos que acabó con los testigos espontáneos, esos que por solidaridad ciudadana y valor civil no tenían inconveniente alguno en narrar ante las autoridades lo que habían visto o habían oído en relación con la conducta punible de otro u otros. Es así como en la comisión de un homicidio, por ejemplo, todos los que estaban ahí no estaban en otro lugar (¡Por supuesto!) pero casualmente todos estaban dirigiendo su mirada en dirección contraria de donde se encontraba la víctima y el victimario. Nadie vio algo, así fuera un mínimo detalle. Nadie oyó nada. Nadie dice nada. Pero, eso sí, todos piden que las autoridades actúen inmediatamente y se haga justicia con prontitud. Sí, claro: nadie va a ser tan estúpido como para exponer el pellejo por señalar con su dedo al homicida.
Viene aquí otro aspecto del asunto. Nadie está dispuesto a rendir testimonio ante las autoridades (salvo que sea un testimonio en favor) porque éstas no están dispuestas a garantizar protección. El código de Procedimiento Penal y sus normas complementarias consagran ese derecho para el testigo, pero la experiencia está ahí para recordarnos a todo momento que del dicho al hecho hay mucho trecho. El testigo, como sujeto interviniente que puede llegar a producir un elemento de prueba dentro del proceso, dejó de confiar en la protección que le brinda la autoridad de turno. Ya no es porque “yo no soy sapo”, sino porque “¿Y ahora quién podrá defendernos?”. Si damos un vistazo al panorama judicial colombiano, donde también se cuecen habas y la administración de justicia está estratificada, el único que se atreve a testificar en contra de un delincuente es otro delincuente y sólo porque eso le trae beneficios –incluso económicos- a corto plazo. En cambio el testigo buena gente, el que no pospone un alias a su nombre… ése no tiene nada que ganar y sí todo por perder.
A las anteriores circunstancias hay que agregar que los elementos materiales de prueba y evidencia física terminan desvirtuados por una mala protección, preservación y procesamiento de la escena del crimen. De un lado los agentes de la policía que deben acudir al lugar de los hechos no tienen la menor idea de las dos primeras actividades a llevar a cabo en la escena del crimen simplemente porque no han sido capacitados para ello o porque no quieren entender la importancia de su rol como primer respondiente. Del otro lado, los técnicos criminalísticos no siempre cuentan con los recursos tecnológicos y científicos necesarios para analizar los elementos recolectados. Baste con decir que sólo algunas ciudades capitales tenían a mano el sistema de identificación IBIS, pero desde hace más de un año dejó de funcionar en toda Colombia. Ahora sólo se cuenta con la habilidad de los peritos en balística que, en últimas, se limitan a emitir conceptos sobre las características y funcionamiento de las armas de fuego y la cartuchería que llegan a sus precarios gabinetes. El cotejamiento de huellas de armas, vainillas y proyectiles, así como el manejo de una base de datos quedó sólo para CSI. Sin embargo, todos sabemos que CSI es sólo una ficción llevada a la TV. Y pensar que las estadísticas acaban de revelar que el 77.44% de los homicidios en Colombia se producen con armas de fuego.
Para el investigador criminalístico criollo el panorama no puede ser más desalentador. Trabaja con las uñas y adelanta sus pesquisas nadando contra la corriente de un silencio ciudadano indirectamente cómplice del delincuente. Y si lo asignan a unidades investigativas fuera de las capitales sólo cuenta con su voluntad, virtud muy loable pero que por sí misma no es suficiente. ¿Cuántas de sus investigaciones arrojan resultados positivos? Mejor no hubiera preguntado. Por eso, estudios recientes señalan también que la impunidad en Colombia anda por el 78%. Pero como eso ocurre en Colombia, no hay de qué asombrarse.